Según este artículo, parece que las convocatorias de oposiciones docentes en Asturias volverán a ser competencia de la Consejería de Educación.
Alucinante. Ahora querrán parecer buenos e inteligentes, con talante negocidador y demás, después de haber descojonado todo el tinglao (ver convocatorias de enseñanza con sucesivas correcciones de errores, además de la cantidad de reclamaciones a las demás oposiciones) y que previamente funcionaban bien. Eso sí, han "colocado" a unos amiguinos durante unos cuantos años, para burocratizar los procesos y duplicar puestos en las cadenas de mando y tomas de decisión.
PD.- Habría que ver que dice el Foro Asturias de todo ello. (ver encuestas de este fin de semana
)
Jaque a la centralización funcionarialLos sindicatos consideran un fracaso la concentración en Administraciones Públicas de los procesos para seleccionar a todo el personal del Principado
http://www.lne.es/asturias/2011/01/22/jaque-centralizacion-funcionarial/1023247.html
Oviedo, J. A. A.
Fracasa la centralización funcionarial. La decisión política de agrupar en una sola consejería, la de Administraciones Públicas, la selección y la oferta pública de empleo de todo el personal del Principado, incluidos los médicos y los profesores, se ha revelado como una fuente constante de conflictos, de duplicidades en el trabajo y de mayor burocratización, a decir de los expertos que conocen el proceso.
El modelo, puesto en marcha en 2007, sufrirá cambios, prácticamente con toda seguridad, después de las próximas elecciones autonómicas, gane el partido que gane. El PSOE ya ha anunciado su intención de dar un paso más «en la modernización de la función pública regional», mientras que el PP ha criticado el funcionamiento de la Consejería y, en especial, del Instituto Adolfo Posada, uno de los brazos en que Administraciones Públicas delega esta gestión.Una de las alternativas que se baraja es que las competencias de procesos selectivos como, por ejemplo, el del personal docente, vuelvan a las consejerías correspondientes, igual que antes. Y es que ahí arranca todo el problema. El grueso de la plantilla pública depende de las consejerías de Educación y de Sanidad. Suponen 24.000 de los 35.000 trabajadores del Principado -28.000 realmente si se descuentan los de la Universidad y los de Justicia que mantienen cierta autonomía, ajenos al control de Administraciones Públicas-. Hasta hace tres años, Educación y Sanidad se encargaban de controlar todo el proceso de contratación y selección de sus trabajadores. Las decisiones estaban en su ámbito laboral lógico. Ahora, desde que se decidió la centralización, supuestamente para hacer que se resolviera toda la tarea de manera más eficaz, la última palabra la tiene una consejería ajena al conocimiento y problemática real de la tarea a desempeñar por los seleccionados. Resultado: los litigios no han dejado de aumentar y gran parte se resuelven a favor de los trabajadores.
El Adolfo Posada fue creado por la Administración regional al inicio del curso 1990-1991 para dar mayores contenidos a la Escuela regional de la Administración. Durante su primera década atendió a un Principado de tamaño más bien reducido, de apenas unos 4.000 empleados públicos, muy lejos de la plantilla actual, que ha convertido a la Administración regional en la principal «empresa» de la región, tras la asunción de competencias de servicios básicos como la educación y la sanidad.
Hace tres años, el Consejo de Gobierno decidió centralizar en la Consejería de Administraciones Públicas a todo el funcionariado del Principado, bajo el mando de la consejera Ana Rosa Migoya y de Luis Iturrioz, viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos, en gran parte ideólogo de la medida. El nuevo modelo suponía, entre otros cambios, que el Instituto Adolfo Posada pasaba a hacerse cargo de todos los procesos de selección de personal de la Administración regional.
Así, el instituto unía a su cometido principal de formar al personal público, la organización del proceso de selección de personal. Ambas misiones se han convertido, según los sindicatos, en la cara y la cruz, las luces y las sombras de un organismo con el que cuentan la totalidad de las comunidades autónomas. Organizaciones sindicales que en muchas cuestiones han mantenido posiciones bastante alejadas sobre la función pública en Asturias coinciden en la evaluación: el Adolfo Posada ha progresado adecuadamente en la formación de los funcionarios, pero ha suspendido como responsable de los procesos selectivos, concursos y oposiciones de la Administración regional.
«Los procesos selectivos han tenido fallos evidentes, hasta el punto de que trabajadores que habían sacado su plaza de manera limpia han sido despedidos por negligencia de la Administración porque no pusieron el tribunal de manera correcta, pero no ha pasado nada a ningún responsable», comenta José Luis González, coordinador de USIPA, sindicato mayoritario en las consejerías del Principado.
El sindicato mayoritario en el ámbito de la educación, Suatea, también es crítico con el Adolfo Posada en ese campo. «El descontento del profesorado es impresionante. Hay retrasos en las convocatorias y hasta aplazamientos en las fechas de oposición», sostiene Beatriz Quirós, quien asegura que el anterior consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, siempre lamentó que el Gobierno decidiera arrebatar esas competencias, la convocatoria de concursos en el ámbito educativo, a su consejería para concentrarlas en Administraciones Públicas. «Es algo que sólo ocurre en Asturias y el desastre es total desde que se decidió crear una macroconsejería que centralizase todos los procesos y que tuviera bajo su paraguas a los más de 35.000 funcionarios y empleados del Principado», aseguró Quirós.
UGT y CC OO señalan igualmente los procesos de selección como el mayor lunar del Adolfo Posada. «Las preguntas de los exámenes, en muchos casos, resultan excesivamente complicadas y no se corresponden en absoluto con el cometido de los empleos a cubrir», coinciden los representantes de ambos sindicatos. «Ahí están los casos de los 111 operarios o de las educadoras, procesos que han debido ser repetidos y que han costado el empleo a más de un trabajador», afirmó José Manuel Rodríguez Mata, de CC OO.
La consejera Ana Rosa Migoya atribuye muchos de los pleitos en la función pública «a la resistencia que suelen generar los cambios» mientras defendía una nueva reforma de la ley de Función Pública. La FSA juzga necesario «un plan de reforma de la Administración pública asturiana» con los siguientes objetivos: «seguir produciendo más con menos», según reflejó en el documento que llevó a la Conferencia que le sirvió de arranque preelectoral. Un discurso que sindicatos como USIPA y CSIF no se acaban de creer. Juan Gavira y Lucas Álvarez, de CSIF, también se han mostrado críticos con una reforma que introduce modificaciones en los procesos de promoción interna dentro de la Administración. «Se abre la puerta a la discrecionalidad del Gobierno de turno, con el consiguiente riesgo y peligro para la independencia de la función pública», advirtió Gavira.
El Adolfo Posada afrontará este mismo mes su primera oposición sanitaria. Puede que un nuevo conflicto esté servido.
Lun 24 Ene 2011, 9:35 pm
